La reciente difusión por parte de la periodista Silvina Cabrera de un video protagonizado por David Carballo, condenado por homicidio y actualmente alojado en una unidad penitenciaria, vuelve a poner sobre la mesa una discusión necesaria: ¿cuál es el límite entre informar y amplificar el discurso de quienes han cometido delitos gravísimos?
En el video difundido, Carballo expresa su malestar por no haber sido autorizado a salir del establecimiento penitenciario para rendir un examen de la carrera de Abogacía. Más allá de los pormenores de ese reclamo, cuya resolución corresponde a las autoridades competentes, resulta llamativo que Cabrera haya decidido otorgarle un espacio mediático privilegiado sin ofrecer a sus lectores el contexto necesario para comprender quién es el protagonista de esa historia y por qué las autoridades pudieron haber adoptado esa decisión.
Ese contexto resulta particularmente relevante. Carballo fue condenado a 16 años de prisión como coautor del homicidio agravado de Alejandro Agustín Muñoz. Además, mientras cumplía esa condena, recibió una nueva pena por el delito de extorsión, luego de haber realizado maniobras fraudulentas desde el propio establecimiento penitenciario. Se trata de información esencial para comprender el caso, ya que el reclamo difundido gira precisamente en torno a la negativa de las autoridades a autorizar una salida extramuros a una persona condenada por haber asesinado y que, además, continuó cometiendo delitos mientras cumplía su pena.
El periodismo cumple una función social esencial. Pero esa función no se agota en reproducir reclamos o denuncias. También exige ponderar el interés público, aportar contexto, contrastar versiones y evitar que la cobertura termine convirtiéndose en una plataforma para quienes buscan construir un relato favorable sobre su situación personal.
Cada minuto de aire, cada publicación y cada difusión responden a una decisión editorial. Y en este caso, Silvina Cabrera decidió centrar la atención en la incomodidad de un condenado por homicidio -quien ya cuenta con asistencia letrada garantizada por el Estado para la defensa de sus derechos-, presentándolo, de manera implícita, como víctima de una supuesta injusticia. Todo ello sin detenerse a considerar qué sienten las víctimas o sus familiares al encontrarse con una publicación de estas características.
La pregunta que queda flotando en el aire es por qué la periodista decidió transformar ese reclamo en una noticia, omitiendo información indispensable para que la audiencia pudiera evaluar por sí misma la legitimidad de su planteo. Porque cuando se ofrece únicamente la versión del condenado y se omiten antecedentes tan relevantes como un homicidio agravado y una posterior condena por delitos cometidos desde prisión, la cobertura deja de informar de manera completa y comienza a construir un relato.
El periodismo no sólo informa: también establece prioridades. Define quién habla, quién es escuchado y qué historias merecen ocupar un lugar en la agenda pública. Cuando un medio o periodista decide difundir el reclamo de un homicida condenado, no realiza una elección neutral: decide que esa voz merece ser amplificada ante toda la sociedad, mientras muchas víctimas continúan luchando para ser escuchadas o, simplemente, no ser olvidadas.
Porque detrás de cada homicida condenado hay una víctima que ya no puede grabar un video para contar su versión.
