Tras los episodios que involucraron al diputado provincial Gustavo Fita y a su hijo por el uso de un vehículo oficial sin patente, una investigación judicial apunta ahora contra Vanesa Fita, hermana del legislador y titular del Partido Justicialista del Chubut. La Fiscalía la acusa de encabezar una presunta maniobra que habría perjudicado a 594 familias mediante falsas promesas de adjudicación de viviendas sociales.
La familia del diputado provincial y presidente del Partido Justicialista del Chubut, Gustavo Fita, vuelve a quedar en el centro de la atención pública. Esta vez, el motivo es una investigación judicial que tiene como principal acusada a su hermana, Vanesa Elizabeth Fita, señalada por la Fiscalía como presunta organizadora de una maniobra de estafas vinculada con la adjudicación de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
El caso, que tomó repercusión en medios provinciales y nacionales, comprende 594 presuntos hechos de estafa y un perjuicio económico estimado en 59,4 millones de pesos. Según la acusación presentada por el fiscal Martín Cárcamo, cinco mujeres habrían participado de un esquema mediante el cual se ofrecía a familias de Comodoro Rivadavia la posibilidad de acceder a viviendas sociales a cambio de pagos de dinero.
De acuerdo con la investigación, las maniobras se habrían desarrollado entre abril de 2023 y febrero de 2024. Las familias interesadas debían abonar aproximadamente 100.000 pesos bajo la promesa de acceder a una adjudicación habitacional. Los pagos se justificaban como supuestos gastos administrativos y de conexiones de servicios, aunque el dinero habría terminado en cuentas vinculadas con las acusadas.
La Fiscalía sostiene que Vanesa Fita se presentaba como intermediaria de una cooperativa y habría invocado contactos con funcionarios provinciales para generar confianza entre quienes buscaban acceder a una vivienda propia.
Incluso, según testimonios incorporados a la causa, habría mencionado un supuesto respaldo del entonces gobernador Mariano Arcioni. Esa afirmación forma parte de la investigación, pero no acredita participación alguna del exmandatario.
La acusación atribuye a Vanesa Fita los 594 hechos investigados y contempla un pedido de pena de entre seis y ocho años de prisión. Su situación judicial deberá resolverse en las instancias correspondientes, respetando el principio de presunción de inocencia.
Del vehículo oficial sin patente a las denuncias contra su hermana
La investigación contra Vanesa Fita aparece meses después de otros episodios que involucraron públicamente al entorno familiar del presidente del PJ chubutense.
A fines de junio, Aarón Fita, hijo del legislador, fue identificado por efectivos policiales mientras conducía una camioneta Toyota Hilux perteneciente a la Legislatura del Chubut que circulaba sin las chapas patente colocadas.
El procedimiento comenzó luego de que personal policial advirtiera que el vehículo no se había detenido ante las señales realizadas durante un control en Rada Tilly. Finalmente, fue localizado en el barrio Máximo Abásolo de Comodoro Rivadavia.
La situación adquirió mayor repercusión cuando el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, cuestionó públicamente la intervención del diputado Gustavo Fita, a quien acusó de haber increpado a los efectivos que participaron del procedimiento.
La verificación policial confirmó que el vehículo pertenecía a la Legislatura y que su documentación estaba en regla. El operativo concluyó sin medidas adicionales.
A ese episodio se sumó una denuncia presentada durante junio por un inspector municipal de tránsito de Comodoro Rivadavia, quien acusó al diputado de haberlo amenazado y de realizar una maniobra con su vehículo que interpretó como un intento de atropellamiento.
Se trata de una denuncia cuyo contenido fue difundido públicamente, sin que ello implique que los hechos denunciados hayan sido judicialmente acreditados.
Una investigación que alcanza al entorno familiar de un dirigente del PJ
La nueva causa judicial vuelve a colocar el apellido Fita en la agenda pública, esta vez por una acusación que involucra directamente a la hermana de uno de los principales referentes del justicialismo provincial.
Si bien no se ha acreditado participación del diputado Gustavo Fita en las presuntas estafas habitacionales, el vínculo familiar y su condición de presidente del PJ chubutense le otorgan al caso una dimensión política adicional.
La investigación también pone el foco sobre una problemática especialmente sensible: las dificultades de cientos de familias para acceder a una vivienda y la posibilidad de que esa necesidad haya sido utilizada para obtener beneficios económicos mediante promesas que, según la Fiscalía, nunca tuvieron respaldo real.
En ese contexto, el avance de la causa judicial será determinante para establecer las responsabilidades individuales de las acusadas.
Mientras tanto, la sucesión de episodios públicos que involucraron al diputado, a su hijo y ahora a su hermana vuelve a instalar interrogantes sobre el comportamiento de quienes ocupan cargos públicos, el uso de bienes del Estado y la responsabilidad institucional de los dirigentes políticos frente a situaciones que alcanzan a su entorno más cercano.
