Una jueza penal participó como disertante de un foro organizado por el PJ de Trelew y fue promocionada con nombre, foto y cargo. A juzgar por la convocatoria, algunos parecen haber decidido que mirar la campaña desde Tribunales era demasiado aburrido.
El Partido Justicialista de Trelew realizó este fin de semana su “Foro de Políticas Territoriales”, un encuentro destinado a debatir propuestas y empezar a delinear parte de la agenda política que viene.
Entre dirigentes, referentes y especialistas apareció una invitada bastante menos habitual para una actividad partidaria: Marcela Pérez Bogado, Jueza Penal de Garantías de Puerto Madryn.
La magistrada participó como disertante y el PJ se encargó de promocionarla con fotografía, nombre y cargo. Nada de discreción: “Jueza Penal de Garantías de Pto. Madryn”, podía leerse en la publicidad difundida por los organizadores.
Parece que, mientras buena parte de la política empieza a buscar candidatos para la próxima elección, una parte del Poder Judicial ya habría encontrado dónde sentirse representada. Algunos, por lo visto, estarían dispuestos a hacer su aporte a la campaña que se aproxima, incluso a costa de exponerse bastante más de lo aconsejable para quien después debe garantizar imparcialidad a peronistas, radicales, libertarios y a cualquiera que tenga la mala suerte de terminar frente a un juez penal.
La escena deja preguntas difíciles de esquivar. ¿Por qué una jueza penal acepta participar como disertante de una actividad organizada por un partido político? Más llamativo todavía: ¿por qué permite que su nombre, su imagen y, especialmente, su cargo de jueza sean utilizados para promocionarla? Y la pregunta quizás más interesante corresponda hacérsela al propio PJ: ¿qué llevó a sus dirigentes a pensar que anunciar a Pérez Bogado como Jueza Penal de Garantías podía ayudar a convocar público?
Puede que hayan apostado a su popularidad. El problema es identificar entre quiénes. Buena parte de la notoriedad de Pérez Bogado proviene de resoluciones particularmente benévolas con imputados y condenados, un público que probablemente agradezca sus criterios, aunque difícilmente constituya el núcleo del electorado que el PJ pretende seducir en Trelew.
Más allá de la ironía, la situación es seria. Una jueza penal puso su nombre, su imagen y su investidura en la convocatoria de una actividad partidaria, pese a las estrictas limitaciones que la Constitución provincial impone a los magistrados frente a la actividad política. Y queda una pregunta bastante menos graciosa que las anteriores: ¿qué confianza puede tener mañana un justiciable en la imparcialidad de una jueza que decidió exponerse públicamente de esta manera junto a un partido político?
Y una última, quizás más inquietante: Si hasta aquí llegan a plena luz, ¿hasta dónde llegarán en las sombras?
La campaña todavía no empezó. Algunos, al parecer, ya eligieron.
